La administración de Donald Trump enfrenta una nueva demanda relacionada con su política migratoria, esta vez por el traslado de inmigrantes indocumentados a la bahía de Guantánamo, una base naval conocida históricamente por albergar a prisioneros acusados de terrorismo.
Esta decisión ha generado una ola de críticas por parte de defensores de derechos civiles, congresistas y activistas.
El 4 de febrero, la administración Trump comenzó a trasladar a unos 100 inmigrantes detenidos a la base de Guantánamo en Cuba, un paso que sorprendió a muchos, dada la controversia histórica de esa instalación. Los inmigrantes fueron transportados desde el centro de detención de Fort Bliss, Texas, y el gobierno alegó que todos tenían antecedentes criminales, incluyendo vínculos con la pandilla venezolana Tren de Aragua.
Sin embargo, investigaciones del Texas Tribune y ProPublica han puesto en duda esta afirmación.
La investigación reveló que varios de los detenidos no tienen antecedentes criminales, ni en Estados Unidos ni en sus países de origen. Esto refuerza las críticas de que el gobierno de Trump está violando los derechos fundamentales de estos inmigrantes sin una justificación adecuada.
La demanda, presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), sostiene que la detención de inmigrantes en Guantánamo sin acceso a abogados ni comunicación con sus familias constituye una violación de la Primera Enmienda, así como de los derechos al debido proceso establecidos en la ley de inmigración. Además, se critica la falta de transparencia en cuanto a la detención y el aislamiento de los migrantes.
La congresista Verónica Escobar, quien se ha mostrado enérgica en su oposición a estas prácticas, expresó su preocupación por la ampliación de las políticas de detención bajo la administración Trump.
“El presidente Trump le dijo a los votantes que se iba a enfocar en inmigrantes con antecedentes criminales, pero en la práctica se están enfocando en todos, sin importar si tienen ofensas criminales”, comentó Escobar. Esta declaración refleja el descontento generalizado por las políticas de inmigración del gobierno, que se consideran excesivas e ineficaces.
Los líderes políticos han señalado que el traslado de inmigrantes a Guantánamo no solo es innecesario, sino que también representa un gasto multimillonario para el gobierno de los Estados Unidos.
“Eso va a costar miles de millones de dólares”, indicó Escobar, quien también destacó que las detenciones fronterizas están en mínimos históricos, debido a las nuevas políticas del presidente Biden. Según Escobar, el dinero que se gasta en mantener a los inmigrantes en Guantánamo podría ser mejor invertido en otras áreas de la política migratoria.
Por ahora, la demanda sigue su curso legal, aunque no está claro cómo se desarrollará en los próximos meses. El gobierno de Trump ha sostenido que la detención en Guantánamo será temporal, y que los inmigrantes serán repatriados a sus países de origen o enviados a otros países dispuestos a aceptarlos.
No obstante, los críticos siguen insistiendo en que este enfoque es un abuso de poder que vulnera los derechos de las personas detenidas.
En medio de este debate, la pregunta sobre el futuro de la inmigración y las políticas de detención sigue siendo un tema central en la política estadounidense. ¿Será este el último capítulo de un sistema de detenciones polémico, o este caso servirá como un llamado de atención para reconsiderar las prácticas actuales? Solo el tiempo lo dirá.
