Juez federal autoriza al gobierno de Trump poner en marcha el registro obligatorio de inmigrantes indocumentados

WASHINGTON, D.C (Univision y AP) – Un juez federal autorizó este jueves al gobierno de Donald Trump a implementar el requisito de que todas las personas indocumentadas en Estados Unidos se registren ante las autoridades, en una medida que tendría un amplio impacto entre los inmigrantes en todo el país.

El magistrado Trevor Neil McFadden falló así a favor del Ejecutivo, pese a que los grupos que presentaron la demanda judicial argumentaron que el único objetivo de la medida es facilitar el objetivo del presidente estadounidense de realizar deportaciones masivas.

El requisito, que entrará en vigor este viernes, ya había sido anunciado a finales de febrero por el Departamento de Seguridad Nacional.

En un comunicado, advirtió entonces que quienes no se registraran o no llevaran la documentación de registro encima podrían enfrentar multas o incluso penas de prisión.

Las sanciones penales también aplicarán para los inmigrantes que no se registren en la plataforma, que no informen al gobierno federal de los cambios en su dirección y/o que no abandonen de manera voluntaria el país.

“El presidente Trump y la secretaria (Kristi) Noem tienen un mensaje claro para quienes se encuentran en nuestro país ilegalmente: váyanse ahora. Si se van ahora, podrán tener la oportunidad de regresar y disfrutar de nuestra libertad y vivir el sueño americano”, agregó el Departamento de Seguridad Nacional.

Este registro suma una herramienta más a la campaña puesta en marcha por el gobierno de Trump para detener y deportar a inmigrantes indocumentados a gran escala. A todos los ha puesto en su mira, incluyendo a aquellos sin antecedentes criminales graves.

Huellas dactilares y dirección en el registro de indocumentados

El registro será obligatorio para todas las personas mayores de 14 años sin estatus legal en EEUU, y que deberán proporcionar sus huellas dactilares y dirección. Los menores de dicha edad deberán ser registrados por sus padres o tutores legales.

Cuando anunció la medida hace dos meses, el gobierno ya solicitó a las personas afectadas que fueran creando una cuenta en el sitio web de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés), donde podrán encontrar toda la información disponible sobre el proceso en la página https://www.uscis.gov/alienregistration

Cabe aclarar que el registro en el sistema no es un estado migratorio y la documentación de registro no establece autorización de empleo ni ningún otro derecho o beneficio, tal y como subrayó la USCIS.

Los grupos que presentaron la demanda judicial contra el registro argumentaron que su único objetivo expreso es facilitar el objetivo de Trump de llevar a cabo deportaciones masivas de personas que se encuentran en el país sin autorización.

Los demandantes también afirmaron que el gobierno debería haber realizado un proceso de notificación pública más largo antes de implementar el cambio.

Además, criticaron que el registro pone en una situación muy difícil a quienes trabajan, contribuyen a la economía y tienen fuertes lazos familiares en Estados Unidos.

Registro de indocumentados basado en la ley de inmigración

Oficialmente, la ley federal de inmigración exige desde hace tiempo que las personas que no son ciudadanas estadounidenses y vivan en el país, incluidas las que se encuentran ilegalmente, se registren ante el gobierno.

Estas leyes se remontan a la Ley de Registro de Extranjeros de 1940, que surgió en medio del creciente temor a los inmigrantes y a la subversión política durante el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Los requisitos actuales se derivan de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952.

Sin embargo, el requisito de que las personas que residen ilegalmente en EEUU se registren solo se ha aplicado en circunstancias excepcionales. De hecho, los críticos con esta nueva medida afirman que no se ha aplicado de forma generalizada desde su introducción a mediados de la década de 1940.

Se utilizó de forma limitada después del 11 de septiembre de 2001, cuando el Sistema Nacional de Registro de Entradas y Salidas de Seguridad exigió que todos los hombres no ciudadanos mayores de 16 años procedentes de 25 países —casi todos de mayoría árabe o musulmana— se registraran ante el gobierno estadounidense.

El programa no facilitó ninguna condena por terrorismo, pero sí más de 13,000 deportaciones. Se suspendió en 2011 y se acabó disolviendo en 2016.

El gobierno de Trump argumenta por ello que el requisito de registro siempre ha existido y que ahora solo se quiere imponer a todas las personas.