AUSTIN, Texas – Entre aplausos y abucheos, el gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó este domingo una controvertida ley que otorgará vales de $10,000 dólares a familias para cubrir educación privada y otros gastos relacionados con la enseñanza.
Abbott impulsó esta iniciativa durante años, y finalmente logró su aprobación con la firma de la Ley del Senado 2, en una ceremonia realizada frente a cientos de personas en la mansión del gobernador, en Austin.
El programa contará con un respaldo estatal de $1,000 millones de dólares y utilizará fondos públicos —provenientes de los contribuyentes— para pagar colegiaturas, lo que críticos consideran un duro golpe a la educación pública. Según el plan, estudiantes con discapacidades podrían recibir hasta $30,000 dólares, mientras que quienes opten por educación en casa obtendrían $2,000.
“Cuando me postulé para la reelección en 2022, prometí libertad de elección escolar para las familias de Texas. Hoy cumplimos esa promesa,” dijo Abbott durante el evento.
El gobernador también declaró que los días en que las familias dependían exclusivamente del gobierno para educar a sus hijos “han terminado”, y que ahora los padres tendrán la libertad de elegir “dónde y cómo” se educarán sus hijos.
Protestas y preocupaciones por la educación pública
Sin embargo, la nueva ley no estuvo exenta de críticas. Diversas personas protestaron durante la firma, expresando su preocupación por el posible impacto negativo en el financiamiento de las escuelas públicas de Texas.
Opositores calificaron la medida como una “estafa”, advirtiendo que no solo afectará a los estudiantes de escuelas públicas, sino también a docentes y personal escolar. Los efectos de esta reforma se suman a una crisis educativa ya existente en varios distritos escolares del estado.
Si bien muchos de estos recortes se deben a problemas de gestión financiera dentro de los distritos, también es cierto que la disminución de la matrícula estudiantil ha llevado a medidas drásticas como el cierre de escuelas.
La ley de vales escolares entrará en vigor en marzo de 2026, afectando directamente el ciclo escolar 2026-2027. A partir de entonces, las familias podrán decidir si inscriben a sus hijos en escuelas privadas o si optan por la educación en casa, con apoyo económico proveniente de fondos públicos.
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